Nuestra opinion al respesto

En síntesis lo que resulta de esta disquisición es que no existe justificación moral alguna para el aborto directo, ni siquiera en su variedad terapéutica. En efecto, el hombre no tiene derecho alguno de proceder a la muerte directa de los inocentes y, si hay siquiera inocente alguno, éste es indudablemente el niño nonato. La única forma de defensa que les queda aquellos que siguen queriendo sostener la moralidad del aborto, está en establecer de algún modo que el feto no es una persona humana y no tiene, por consiguiente, derecho a la vida, o demostrar que el feto es realmente un agresor inconsciente contra la madre y pierde, en esta forma, su derecho a la vida. Hasta el presente esto no se ha conseguido, pero no hay razón alguna, en cuya virtud de pensadores no debiera seguir estudiando el caso.

Otra interrogante se plantea en relación con el control del aborto por la ley civil. No compete al estado regular la vida privada entera de los ciudadanos. Muchas prácticas inmorales han de tolerarse, especialmente en una sociedad pluralística, en la que se le da a la conciencia individual tanta rienda suelta como es compatible con el bien público. Es el caso, sin embargo, que el aborto interesa a alguien otro aparte de la madre, el padre y el médico. La conspiración de esto para ejecutar al niño podrá constituir una cuestión privada suya, pero corresponde al estado salir en defensa de la víctima inocente. Las corrientes actuales para liberalizar e incluso abolir las leyes relativas al aborto pasan totalmente por alto al derecho a la vida de un niño nonato existente, cualesquiera que sean las circunstancias bajo las cuales la vida empezó, así como su derecho a la protección por parte del estado contra aquellos que quisieran destruir su vida. Sin embargo, es aquí donde una parte importante de la población está convencida de lo contrario y cree que el niño nonato no es todavía una persona humana con derecho a la vida, y cabe preguntarse pues, si el estado no debería intervenir por medio de la ley pública, o si, por el contrario, debería confiar la vida del niño a la conciencia de los padres. Prácticamente, esto último es lo que el estado debe hacer de todos modos, puesto que no puede controlar el aborto ilegal. Por otra parte, la legalización podría considerarse como autorización y estimular así la matanza de los inocentes.